El proceso de independencia, al igual que el de descubrimiento y conquista, no fue originario ni mucho menos tomó en cuenta la realidad socioeconómica nacional muy distinta a la europea. Mientras que en el viejo continente las ideas de la Revolución Francesa eran compartidas por las mayorías, es en ese marco político que los libertadores se formaron y fueron esas ideas las que trajeron: “libertad política, voluntad general y soberanía del pueblo” (Neira 2010: 65). Deshechos los intentos monárquicos de San Martín y terminada la influencia de Bolívar en el Perú, se restaura la Constitución de 1823, la misma que establece que la nación peruana se denominaría “República peruana”, con un gobierno popular representativo y cuya soberanía residía en la nación, independiente de toda monarquía o dominio extranjero. Si bien es cierto que Estado no es gobierno, tal vez la primera hipótesis de trabajo es que la naciente y joven patria necesitaba de una denominación (en ese momento las ideas políticas mundiales apuntaban a la decadencia de las monarquías absolutas e imperialismos coloniales, y al auge de las ideas republicanas) por lo que se decidió adoptar el nombre de “República” a pesar de que de república tenía muy poco o nada ya que la herencia colonial se mantuvo durante muchos años más posteriores a 1821, tanto en la forma de organización social, política y económica.
La segunda hipótesis de trabajo es que el nuevo Estado peruano no contaba con los elementos básicos que garantizaran la dominación y el control político sobre la población y que mantuviera el orden y la seguridad: ejército, impuestos y aparato administrativo. La naciente república no contaba con un ejército propio, ya que la gran mayoría formaron parte del ejército realista, por lo que los libertadores tuvieron que conformar un “ejército” con el pueblo, lo que se conoció como los montoneros (personajes de las clases medias y bajas que decidieron apoyar la causa independentista por beneficios económicos); no se contaba con impuestos propios, ya que el control de las cajas reales aún estaba en poder de los españoles que aprovecharon sus últimos días en el virreinato del Perú para saquearlas, dejando a los caudillos militares sin dinero para solventar los gastos de la independencia, lo que generó una agresiva política de empréstitos internacionales; y, finalmente, no se contaba con un aparato administrativo propio, sino con los rezagos que quedaron de la organización administrativa colonial. Se suponía que con la independencia se debería de organizar un nuevo cuerpo de leyes, de acuerdo a la nueva estructura política y jurídica, pero esto no se dio hasta 1845, en que se empiezan a aprobar los nuevos códigos (en el gobierno de Ramón Castilla).
Una última hipótesis de trabajo es que los padres fundadores de la patria no tomaron en cuenta a la población para ocupar los nuevos puestos y cargos administrativos creados. Los congresistas eran elegidos entre los personajes notables (entiéndase por notables: con educación, prestigio y dinero) de la ciudad; de esta manera el Estado peruano quedó en manos, inicialmente, de un grupo de poder militar (lo que Basadre llamó el primer militarismo) y luego por personajes adinerados que contaban con ingentes recursos económicos para poder acceder al poder político (recordemos a Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil). De esta manera el debate entre conservadores y liberales fue ganado por los primeros, para quienes el pueblo no tenía capacidad para hacer leyes, para decidir sobre la forma de gobierno ni para ejercer soberanía.
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