A propósito del más reciente movimiento social que divide a la población entre la minería y el agua, el título de esta entrada resume la forma de tratarlo, el punto es que, cual químicos en laboratorio, esta prodría resultar una de las pruebas más importantes por las que tendrá que pasar el actual gobierno del presidente Humala, debe manejar bien sus probetas (ministros) y hacer una mezcla adecuada de elementos (actores sociales locales y nacionales) para que el resultado sea óptimo.
Nos guste o no nos guste, el Perú es un país minero, lo fue desde el incanato, pasando por la colonia y la república, hasta el actual siglo XXI en que representa cerca del 60% del valor de nuestras exportaciones, así que pensar un país sin minería y dedicándose solamente a actividades agrícolas y ganaderas es un absurdo. Nuestros minerales hoy en día son mucho más requeridos que antes por las grandes potencias que viven un boom de la megaconstrucción y cuyas fuerzas están enfocadas a la construcción de grandes rascacielos, monumentos y demás que requieren de los minerales que ellos no producen. Acá está el punto que debemos aprovechar.
Por otro lado, es justo, un derecho, exigir al Estado el pleno respeto y mantenimiento del medio ambiente; como lo escribí líneas arriba, el Perú es un país minero, pero esta minería siempre fue destructiva y aniquiladora del los lugares donde se encontraba el asentamiento minero; las políticas de responsabilidad social, participación comunitaria y estudios de impacto ambiental son de reciente data, así que muchas empresas mineras acostumbradas a explotar indiscriminadamente este recurso están en la obligación de cumplir con estas políticas de Estado, sino tendrán que irse.
El punto de inflexión está cuando tenemos un candidato presidencial que le da a escoger al pueblo qué es lo que quiere (oro o agua) pero una vez en el gobierno se da cuenta de la real dimensión del problema y de los beneficios económicos que la minería tiene, en especial para sus políticas de inclusión social, y no hay elección (agua y oro) el descontento de la población es lógico. El gran reto: hacerle entender a la ciudadanía los beneficios de una minería responsable sin la cual las tan mentadas políticas de inclusión social serían imposibles, es decir adecuados sistemas de comunicación entre el Estado y los pobladores.
Finalmente, no debemos de olvidar el actuar de las autoridades locales: un presidente regional (que cree que está en campaña electoral) que recibe canon minero, pero no lo invierte en obras y encima exige la presencia del presidente de la república en el lugar de conflicto. Grave error, parafraseando a Henry Pease, cometería Ollanta Humala si se dirige a la zona de enfrentamiento, sentaría un mal precedente ya que para este tipo de problemas existe una estructura de Estado que se debe respetar, el presidente es la última instancia dentro de esta estructura.
Durante los 5 años de gobierno de Alan García, producto de impuestos mineros se pudo recaudar cerca de 2 mil millones de dólares; la actual administración ha hecho el "milagro" de abrirles el puño a los empresarios mineros y en los próximos 5 años se espera recaudar cerca de 15 mil millones de dólares, ¿dinero para qué? para programas y políticas públicas destinadas a la inclusión social. ¿La sociedad se dejará incluir?
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