Según el cristal con que se mire, el Índice de Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, difundido ayer en Alemania, podría para algunos no ser motivo de alarma, mientras que a otros podría causarles preocupación. Aunque el país ha caído tres puestos –del 75 al 78– sigue teniendo casi el mismo puntaje que hace cinco años: estamos a mitad de tabla, pero tampoco hemos empeorado.
Los 3,5 puntos obtenidos por el Perú este año lo ubican más cerca de Venezuela, que con dos puntos está en el último lugar del continente, pero lo alejan más de Chile, que tiene el doble de puntos y que mejoró cuatro posiciones esta vez.
Samuel Rotta, de Pro Ética, capítulo de Transparencia Internacional en el Perú, confirmó que el país se mantiene en ese mismo nivel desde hace varios años. Ello demuestra –aseguró– que existe la percepción de que no se está avanzando en la lucha contra la corrupción. Asimismo, señaló que también hay la percepción de que se está a finales de un gobierno que ya no puede hacer nada contra esa lacra.
En cambio, para el congresista aprista y ex presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, ese Índice de Corrupción está basado en percepciones de instituciones y ciudadanos que reflejan que no tienen confianza en el Estado. Refirió que desde el 2000, los gobiernos sucesivos desactivaron el aparato de corrupción instalado sobre la administración pública en la década del 90 y se dio la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las entidades públicas a “transparentar sus gastos”.
Sin embargo, para el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Carlos Durand, la lucha contra la corrupción debe ser parte de la agenda permanente a favor de la institucionalidad que debe tener el Ejecutivo, las regiones y los municipios. “Es necesario elevar la confiabilidad en las instituciones”, agregó.
En ese mismo sentido, el ex presidente de la Confiep, José Miguel Morales, enfatizó que sigue siendo un tema pendiente la reforma de los trámites estatales, especialmente en los gobiernos municipales. Por ese motivo, propuso que ese tipo de trámites se informaticen. También enfatizó que la lucha contra la corrupción debería ser parte de una política general y no solo prácticas aisladas como las que se están dando.
Aunque reconoció que falta agilizar muchos trámites estatales, Velásquez Quesquén aseguró que en lo que iba del gobierno aprista se habían eliminado unos 5.200 trámites en toda la administración pública.
¿Y LOS CIUDADANOS?
Algo más crítico, el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra señaló que salvo los años 2001-2003, en que hubo un fuerte rechazo hacia la corrupción, desde el 2004 los gobiernos no han continuado con la reforma del Estado para hacer frente a esa lacra. Refirió que no se ha diseñado un plan nacional contra la corrupción y, además, consideró muy débiles las respuestas de los gobiernos ante actos de corrupción cometidos por sus funcionarios. Señaló también que falta mejorar el sistema de trámites ante el Estado, pues se sigue permitiendo que haya normas que puedan tener varias interpretaciones por parte del servidor público.
Algo más crítico, el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra señaló que salvo los años 2001-2003, en que hubo un fuerte rechazo hacia la corrupción, desde el 2004 los gobiernos no han continuado con la reforma del Estado para hacer frente a esa lacra. Refirió que no se ha diseñado un plan nacional contra la corrupción y, además, consideró muy débiles las respuestas de los gobiernos ante actos de corrupción cometidos por sus funcionarios. Señaló también que falta mejorar el sistema de trámites ante el Estado, pues se sigue permitiendo que haya normas que puedan tener varias interpretaciones por parte del servidor público.
Asimismo, indicó que tampoco ha habido una campaña para fomentar la transparencia en la ciudadanía, que también es un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima sostuvo que el sector privado y el Estado debían trabajar una estrategia para erradicar la corrupción del país.
CLAVES
El Índice de Corrupción de Transparencia Internacional se basa en información del Banco Mundial, de la Universidad de Columbia, de Gallup International, del Foro Económico Mundial y de calificadoras de riesgos. Según esa entidad, la corrupción complica la lucha contra la pobreza, la inestabilidad financiera y el cambio climático. Asimismo, recomienda aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Perú ratificó dicho acuerdo en el 2004. Transparencia también pidió a los países desarrollados mejorar su lucha contra la corrupción, cuyos niveles no habían mejorado.
El Índice de Corrupción de Transparencia Internacional se basa en información del Banco Mundial, de la Universidad de Columbia, de Gallup International, del Foro Económico Mundial y de calificadoras de riesgos. Según esa entidad, la corrupción complica la lucha contra la pobreza, la inestabilidad financiera y el cambio climático. Asimismo, recomienda aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Perú ratificó dicho acuerdo en el 2004. Transparencia también pidió a los países desarrollados mejorar su lucha contra la corrupción, cuyos niveles no habían mejorado.
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